Mucho se ha escuchado hablar de la recién promulgada Ley 155-17 que regula el lavado de activos y financiamiento del terrorismo y sustituye la Ley 72-02 sobre el lavado de activos provenientes del tráfico ilícito de drogas. Dos personas clave se describen en la Ley 155-17: el “beneficiario final” y los “sujetos obligados”. Para fines